TC hace pública su posición sobre la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Por: Noticias EyM


El presidente del Tribunal Constitucional, Dr. Milton Ray Guevara, expuso hoy su posición con relación a la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, explicando que la misión del organismo tiene por tarea garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales.

Explica Guevara, en nota enviada a los medios de comunicación en el día de hoy,  que sus decisiones son definitivas e irrevocables y constituyen  precedentes vinculantes para rodos los poderes públicos y los órganos del Estado. Las competencias del Tribunal están determinadas por el artículo 185 de la misma.
CorteIDH

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) reiteró mediante resolución su competencia para conocer casos de República Dominicana relativos al derecho a la nacionalidad, en contra de una sentencia emitida por el Tribunal Constitucional (TC) dominicano en noviembre de 2014.

En dicho dictamen, el TC declaró inconstitucional el Instrumento de Aceptación de la Competencia de la Corte IDH, órgano que ahora falla que, bajo el derecho internacional, la decisión desarrollada por el Tribunal dominicano “no es válida”.

En una resolución publicada el pasado 23 de abril, el Tribunal Interamericano indicó que el país no ha cumplido con la ejecución de ninguna de las reparaciones ordenadas a personas dominicanas y haitianas expulsadas, informó este jueves la organización Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) en un comunicado.


A continuación la nota enviada por TC


Declaración del Presidente del Tribunal Constitucional
sobre la decisión de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos
El Tribunal Constitucional, de conformidad con el artículo 184 de la
Constitución dominicana, tiene por misión garantizar la supremacía
de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección
de los derechos fundamentales. Sus decisiones son definitivas e
irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para todos los
poderes públicos y los órganos del Estado. Las competencias del
Tribunal están determinadas por el artículo 185 de la misma, esto
es: 1) Las acciones directas de inconstitucionalidad contra las leyes,
decretos, reglamentos, resoluciones y ordenanzas, a instancia del
Presidente de la República, de una tercera parte de los miembros del
Senado o de la Cámara de Diputados y de cualquier persona con
interés legítimo y jurídicamente protegido; 2) El control preventivo de
los tratados internacionales antes de su ratificación por el órgano
legislativo; 3) Los conflictos de competencia entre los poderes
públicos, a instancia de uno de sus titulares; 4) Cualquier otra
materia que disponga la ley.
La Suprema Corte de Justicia, actuando como corte constitucional al
amparo del artículo 67.1 de la Constitución dominicana de 2002, fue
apoderada en el año 2005 por distinguidas ciudadanas y ciudadanos
de la sociedad dominicana de una acción directa en contra del
instrumento de aceptación de la competencia contenciosa de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Esta acción
nunca fue fallada por el referido órgano, y, en consecuencia, fue
heredada por este Tribunal Constitucional cuando inició sus
actividades en el año 2012.
Al evaluar aquella acción, este Tribunal Constitucional, en ejercicio
de sus facultades jurisdiccionales, decidió mediante la sentencia
TC/0256/14, del 4 de
Corte. En esta decisión se consideró que este instrumento tiene una
fuerza jurídica vinculante, en el plano internacional y nacional,
similar a la de un tratado internacional. De ahí que resultaba lógico
que un acto de esa naturaleza no pueda contar pura y simplemente
con la voluntad del Poder Ejecutivo, sino que es necesario un
contrapeso de parte de los otros poderes del Estado que participan
en el proceso de adopción de los tratados internacionales, máxime
tratándose de la transferencia de competencias jurisdiccionales a
una Corte Internacional.
Cabe reiterar que la sentencia dejó claramente establecido que “[e]ste
colegiado comparte los postulados, principios, normas, valores y
derechos de la Convención Americana de Derechos Humanos, que
seguirán siendo normalmente aplicados, respetados y tomados en
consideración por nuestra jurisdicción. El Estado dominicano siempre
tiene la potestad, en el respeto de los debidos procedimientos
constitucionales, de adherirse a cualquier instrumento de cooperación,
de integración regional, o de protección de los derechos
fundamentales”.
Ningún organismo nacional o internacional puede solicitar o tratar
de imponerle al Tribunal Constitucional que viole la Constitución
dominicana y que desconozca los procedimientos constitucionales a
que se encuentre sometido. Ello supondría la subversión y violación
del orden constitucional dominicano y el desconocimiento del Estado
Social y Democrático de Derecho que proclama la Constitución
dominicana.
Es innegable que el Tribunal Constitucional actuó con absoluto
apego a los mandatos de la Constitución y la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales. La
decisión adoptada no cuestiona el derecho de los poderes públicos
dominicanos competentes, para adherirse a la Corte Interamericana.
El meollo de la decisión referida fue señalar que no se agotó el
procedimiento constitucional requerido, exigencia que el Tribunal
había convertido ya en precedente, a propósito del caso de la Ley
número 91, de fecha tres (3) de febrero de mil novecientos ochenta y
tres (1983), que creó el Colegio de Abogados, reiterándolo en el caso
de la sentencia que declaró inconstitucional el Código Penal por
vicios en el procedimiento de aprobación.
La jurisprudencia del Tribunal Constitucional se ha constituido en
un instrumento vivo de desarrollo de los derechos fundamentales y
libertades públicas en los más variados campos, como son:
reiteración de los criterios para el otorgamiento de la nacionalidad
dominicana y la protección del derecho a la nacionalidad,
feminicidios, violencia intrafamiliar, uniones consensuales, cuotas
afirmativas, parceleros de la reforma agraria, expropiación, derecho
a la educación, defensa del patrimonio ecológico nacional y de los
bienes del dominio público, debido proceso, derechos de los
envejecientes, autonomía de los órganos constitucionales, respeto de
los procedimientos constitucionales, equidad de género, recursos
naturales, patrimonio de la nación y seguridad social, entre otros.
El Tribunal Constitucional dominicano es actualmente representante
del Grupo América en el Buró de la Conferencia Mundial de Justicia
Constitucional, un foro internacional que reúne a 114 magistraturas
constitucionales de los cinco continentes, y es reconocido por su
ingente labor en la promoción de la educación y la cultura
constitucional. Es un tribunal que da la cara a su pueblo y que ha
promovido, en una acción sin precedentes, el desarrollo del derecho
constitucional en el país, cumpliendo así con el mandato del artículo
35 de su ley orgánica.
En este mes de abril, en que se ha conocido públicamente la
resolución de la Corte IDH, de fecha 12 de marzo del 2019, sobre la
supervisión de cumplimiento de sentencias y competencia, los
dominicanos recordamos con unción patriótica la epopeya del 24 de
abril de 1965, en que nuestro pueblo abonó con sangre, sudor y
lágrimas el suelo patrio en defensa del orden constitucional y por el
restablecimiento de la vigencia de la Constitución del 29 de abril de
1963. El pueblo dominicano fue el actor de la más hermosa
revolución de América: la revolución constitucionalista.
Dr. Milton Ray Guevara
Presidente del Tribunal Constitucional de la República Dominicana
29 de abril de 2019

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